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La Visa de Responsabilidad Democrática (VDR) que fue sujeta a un cierre masivo por parte del consulado chileno en Venezuela, es una visa que se creó en 2018 dirigida a personas venezolanas que se veían en la necesidad de emigrar y no contaban con los recursos para afrontar procesos migratorios en otros países, por lo que su destino final era Chile. El documento aplicaba para venezolanos aún residenciados en su país o para aquellos que se encontraban en tránsito en otros países.
¿Qué es el cierre masivo?
En noviembre de 2020 desde Chile se informó al consulado de Venezuela que la visa se cerraba debido a la crisis sanitaria producto del covid-19, el prolongado cierre de fronteras y la imposibilidad del normal desarrollo administrativo de las sedes consulares.
La Contraloría de la República se pronunció sobre el cierre
Tras el cierre, la Contraloría General de la República determina su pronunciamiento a la actuación de la administración respecto al “cierre masivo” de solicitudes de VRD, ocurrido el 11 de noviembre de 2020, y en este sentido consideró que “No resulta plausible que la autoridad fundamente su decisión en”:
- El prolongado cierre de fronteras a causa del COVID-19.
- La pérdida de vigencia de los certificados de antecedentes penales que debe acompañar el interesado y después ser verificada por un funcionario.
- Tales circunstancias no implican por sí solas poner fin al procedimiento en términos desfavorables para los requirentes de visas.
Ante ello, el organismo autónomo hizo consideraciones específicas:
- Tener en consideración el principio de reunificación familiar reconocido por el artículo 9° de la Ley N° 20.430 y por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.
- El deber de resguardo de la familia que establece el inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la República, respecto de solicitudes que involucren a menores de edad que buscan reunirse con sus padres.
Por ello, finalmente, se exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que revise sus actuaciones, caso por caso, para que garanticen el debido proceso a las personas que solicitaron la visa, según el ordenamiento jurídico referido a la materia especial de migración y normas complementarias.
Los casos que pueden aplicar para ser revisados nuevamente y se considere una nueva decisión son:
- Solicitudes iniciadas sin revisión de documentos.
- Solicitudes iniciadas, con revisión de documentos, sin subsanación.
- Solicitudes iniciadas, con revisión de documentos, con subsanación.
- Solicitudes iniciadas con citas asignadas y luego anuladas.
- Solicitudes iniciadas con cita asignadas, realizado el pago de aranceles y luego anuladas.
- Visas estampadas sin retiro y posteriormente anuladas.
- Entre otras.
Independientemente de estas premisas, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar sus actos y pronunciarse nuevamente al respecto, ajustado a derecho y al debido proceso, considerando las mismas condiciones y requisitos vigentes en el momento de inicio de la solicitud; inclusive cuando la persona que quería migrar hubiese realizado cualquiera de estas posibles acciones:
- Solicitud de nueva cita.
- Interposición de Recursos de Amparos: En trámite, admitidos o no.
- Envío de sobres de la solicitud con recaudos nuevamente a Teatinos.
- No envíos de sobres
¿Qué alternativas legales tienen las personas que fueron víctimas del cierre?
Después del pronunciamiento de la Contraloría, las opciones que tienen los afectados del cierre masivo, siendo las siguientes:
- Esperar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores realice de oficio la revisión de las actuaciones correspondientes al caso específico de cierre masivo decidido en fecha 11 de noviembre de 2020. Cabe destacar que se cerraron más de 90.000 solicitudes según estadísticas emitidas por el propio organismo en su página web.
- Presentar Acción de Amparo ante la Corte de Apelaciones.
- Realizar nueva solicitud de Visas Consulares, activas actualmente en el sistema, según el motivo y condiciones específicas de cada permiso. Es decir, (i) vínculos de familia, (ii) intereses en el país, (iii) cuya residencia sea estimada útil o ventajosa, (iv) Estudios, (v) Laboral, entre otras.
Para recurrir a estas alternativas es necesario la representación de un abogado.