Expertos y parlamentarios se refirieron a la grave situación que enfrentan actualmente estos proveedores particulares y los eventuales efectos que ello podría generar a sus más de 3 millones de afiliados.
Para nadie es un misterio que el sistema de Isapres está en crisis, la cual se ha profundizado producto de dos fallos emitidos por la Corte Suprema, a raíz del reclamo de miles de afiliados. Y es que históricamente, se entendía que los planes de todas las Isapres tenían un valor base que se multiplicaba por una tabla de factores, que estaban asociados a la edad y el sexo de las personas, -razón por la cual una mujer en edad fértil tenía un factor de riesgo mayor que el de un hombre de 18 años-, y que daba como resultado el valor final que pagaba el asociado en su plan. Sin embargo, en el año 2010, a través de diversos requerimientos, el Tribunal Constitucional declaró que esta tabla de factores era un instrumento inconstitucional y por ende ilegal, lo que llevó a que la Superintendencia de Salud dictara una nueva tabla de factores el 1 de abril de 2020, que es la que actualmente las rige. Pese a esto, las Isapres solo actualizaron esta nueva tabla de factores en los planes que se dieron desde esa fecha en adelante, y a todos los anteriores, -que aún estaban vigentes-, les siguieron aplicando las mismas condiciones de la tabla anterior.
Debido a esto, miles de afiliados reclamaron y pidieron que se les aplicara la tabla de factores vigente según la Superintendencia de Salud, razón por la que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema fallaron en favor de ellos, mandatando que las Isapres debían calcular el valor de los planes según la nueva tabla. En ese contexto, este pasado 30 de noviembre la Corte Suprema dictó un fallo histórico que consiste en que se deja sin efecto la Tabla de Factores que se tenía antes de 2010, por lo que cada Isapre deberá calcular el precio final de sus planes de salud, multiplicando el valor base de su plan por la Tabla de Factores contenida en la circular de la Superintendencia de Salud. También se estableció un plazo de 6 meses a la Superintendencia, para que determine el modo de hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud de todas las Isapres que están en el sistema, las que serían alrededor de 15 mil actualmente. Además de esto, se señaló que si producto de esta adecuación aparecen ‘cobros indebidos o en exceso’, por parte de las Isapres tras la aplicación de la nueva tabla de factores del año 2020, estas empresas de seguros médicos tendrán que devolver esos excedentes a sus afiliados.
Fallo histórico
Con respecto a esto, el abogado y director legal del grupo Defensa, Mario Espinosa, explicó que ‘en palabras simples esto quiere decir que si el beneficiario debería haber pagado 5 UF y producto de la aplicación indebida pagó 8 UF, la Isapre le tiene que devolver esas 3 UF’. Espinosa también aseguró que ‘la Corte dice que la Isapre debe devolver estos montos por la vía de los excedentes, -que son las cotizaciones en exceso que hace un afiliado-, los que se tienen que restituir una vez al año, -en el mes de enero-, pero también dictaminó que se pueden ocupar en el intertanto para pagar bonos, entre otras cosas’.
En relación a esto, Espinosa afirmó que ‘aún se está dentro del plazo de revisión y adecuación de los planes por parte de la Superintendencia de Salud, por lo que aún no se tiene el monto exacto a devolver, pero las estimaciones son de miles de millones de dólares’. Acerca del significado que tiene este fallo para la sociedad chilena, Espinosa recordó que ‘ya veníamos con otra sentencia respecto a la adecuación de los planes, ya que antiguamente, las Isapres emitían una carta anual, anunciando el aumento del valor de los planes, lo que se echó abajo en agosto de 2022, cuando la Corte Suprema las obligó a justificar dicha alza, ordenando devolver por la vía de excedentes, todos los montos que se hubiesen percibido producto de estos aumentos’.
En opinión del abogado, estos dos fallos que describe como ‘históricos’, cambiaron el panorama de las Isapres, lo que generó gran incertidumbre respecto a si seguirán existiendo o si es que se reformará el sistema, ya que según él, ‘efectivamente hay riesgo de insolvencia para algunas de ellas, porque también hay que considerar que las deudas que mantienen con las clínicas privadas son bastantes altas’. El abogado destacó que ‘la Corte Suprema también dijo que el único fundamento para autorizar un aumento del precio final, es por la incorporación de nuevas cargas o beneficiarios, pero esta alza se va a suspender hasta que esa nueva carga cumpla 2 años’.
Mal sistema
Diario El Día habló con el diputado de la Región de Coquimbo, Daniel Manouchehri respecto a este tema, quien insistió en que lo importante es resguardar los derechos de los usuarios de las Isapres y asegurar su acceso a la salud.
El parlamentario también alegó que las Isapres han abusado de las personas durante décadas, especificando que ‘en nuestra región somos testigos de los precarios servicios que presta este sistema privado, por lo que si la gente tiene un problema grave de salud, finalmente debe ir al servicio de salud público’. Asimismo, el diputado Ricardo Cifuentes opinó que no corresponde que exista un ‘salvataje’ estatal de un sistema privado, que describió como ‘malo, caro y que no sirve, porque no presta el servicio adecuado a las chilenas y chilenos’. ‘No es posible que este sistema se mantenga bajo estas condiciones, por lo que tendrá que ser revisado, de hecho desde la bancada de la democracia cristiana presentamos un proyecto de resolución para empezar a preparar a Fonasa, para que pueda ir recibiendo paulatinamente a los afiliados de las Isapres’, argumentó el legislador DC.
Ayuda del Estado
Por otra parte, el diputado Marco Antonio Sulantay se enfocó en los dichos del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, quien aseguró que no están buscando un salvataje tras el fallo de la Corte Suprema. ‘Si las Isapres están pensando en no recurrir al Estado para obtener apoyo, deberían reconsiderar su decisión, porque ya es un hecho que tras el fallo de la Corte Suprema, los costos quedan sobre los ingresos y eso, en todas partes se conoce como quiebra’, sentenció.
A juicio del parlamentario, esto no puede suceder bajo ningún punto de vista, ya que ‘provocaría una crisis financiera y una emergencia sanitaria nacional de grandes proporciones, porque el sistema público no está preparado para atender a millones de usuarios con los estándares que se requieren’. ‘Esto es tan grave que si el gobierno no reacciona a tiempo, con un plan para enfrentar esta crisis, será responsable de una debacle sin precedentes en nuestro país’, remató Sulantay.
Eventual colapso
Al ser consultado por las implicancias de este tema y el eventual traspaso de usuarios desde las Isapres al sistema de Fonasa, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM) de la Región de Coquimbo, Rodrigo Bustamante manifestó que como gremio están muy pendientes de cuál será el desenlace de esta situación.
‘Sabemos que está la necesidad de poder contar con un sistema de salud universal y no mercantil, que efectivamente se haga cargo del deber social que como país se tiene con los ciudadanos, pero eso no puede ser a costa de los trabajadores de salud’, afirmó Bustamante. El dirigente ahondó en esto y recalcó que ‘como Atención Primaria de Salud (APS), tenemos serias dificultades en distintas materias que no se han resuelto, -tales como el económico per cápita, la infraestructura, el equipamiento, recursos humanos, entre otros-, por lo que sin duda recibir de golpe a los más de 3 millones de usuarios de Isapre, podría generar un colapso’. En base a esto, el dirigente sostuvo que este eventual traspaso debería ser paulatino y debería ir aparejado en ir resolviendo las problemáticas que aquejan a la APS.
Fuente: El Día